domingo, 23 de septiembre de 2007

EL GOBIERNO DE ANDALUCIA EXPULSARÁ A 1.000 MENORES


Fuente: GAS (Grupo de Acción Social)

Cerca de 1.000 menores marroquíes, hasta ahora acogidos en el Sistema de Protección Andaluz, serán devueltos a su país de origen por medio del “reagrupamiento familiar” a partir de septiembre, según la Administración.

Estas repatriaciones las anunció el Gobierno autonómico de Andalucía, tras indicar que el objetivo final de la protección institucional del menor es el retorno a su familia de origen. Todo ello en nombre “del interés superior del niño” y de conformidad con los Convenios sobre la protección de los Derechos del Niño, ratificadas por el Estado español. Los otros argumentos mencionados por la Administración andaluza distan mucho de ser tan altruistas. Consisten en interpelar a las familias de origen de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) y al Gobierno marroquí, para que hagan frente “a sus responsabilidades respecto a la suerte de estos menores”.

Menores cuyo número creciente “satura” las infraestructuras andaluzas de Ayuda a la Infancia. Menores que “en su mayoría, no corresponderían al perfil de protección fijado por la legislación española”, y cuya acogida pondría “en peligro” el sistema de protección andaluz, y a posteriori el español. Siguiendo con este análisis el Gobierno español no tendría obligación alguna con este colectivo, al tratarse de menores que supuestamente provienen de “familias estructuradas que pueden perfectamente encargarse de ellos”. Quedaría legitimada así la repatriación de éstos, sin incumplir sus obligaciones legales.

El anuncio de esta medida de repatriación masiva, con la que se pretende reagrupar a 988 menores sobre un total aproximado de 1.200 acogidos, permite a la Comunidad Andaluza cambiar de rumbo y lanzar un mensaje de dureza a la comunidad internacional. Andalucía se caracterizaba hasta ahora por su prudencia en cuanto a la protección de la infancia, pues, entre otras cosas, no había procedido a ninguna repatriación de MENA desde hacía más de tres años. Tras este anuncio y a imagen de Comunidades como Madrid o Cataluña, el Gobierno andaluz radicaliza su posición y aborda el fenómeno del MENA en términos de gestión ordenada de los flujos migratorios, a partir de un prisma de represión y de lucha contra la inmigración ‘clandestina’. Así se evitaría el riesgo de abrir la vía “a una nueva filial de la inmigración ilegal”, según declaraciones de Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración.

Pero también para los medios de comunicación los MENA ya no son niños, son “inmigrantes ilegales”, o “candidatos precoces a la inmigración clandestina”, lo que influye negativamente en el imaginario colectivo. La estigmatización del colectivo MENA, ampliamente percibido como un “problema”, o incluso como una “amenaza” para la sociedad española, provoca el rechazo y la legitimación de una represión cada más extensa hacia ellos.

Esta “criminalización” -según el informe de Mercedes Jiménez Racismo institucional: Malos tratos de la Administración española a los menores extranjeros no acompañados- del MENA, definido antes por su condición de “inmigrante en situación irregular” que por su condición de menor en desamparo, sujeto de derechos y de protección especial, oculta ampliamente el hecho de que son niños antes de ser inmigrantes.

Niños en situación de riesgo y de gran vulnerabilidad, que ponen sus vidas en peligro a una edad cada vez más temprana. Numerosos colectivos y organizaciones han expresado al Gobierno central su preocupación, y al Gobierno andaluz su rechazo absoluto hacia esta repatriación masiva y represiva.

Cuestionan las condiciones en las que se efectuarán estos “retornos asistidos” y denuncian las repatriaciones sin garantía que se produjeron en otras Comunidades. Igualmente resaltan que tampoco resuelven el problema: algunos menores acumulan más de diez devoluciones y aún así vuelven a intentar la travesía, poniéndose en peligro, ya que el retorno forzado, oportunamente llamado “reagrupamiento familiar”, no corresponde ni a su voluntad ni a un interés superior. Será necesario luchar para que la sociedad civil perciba a estos niños como menores con necesidad de protección, como recordaba el Consejo de Europa, en agosto, al declarar que los menores inmigrantes “tienen los mismos derechos que los otros niños”. Sólo así podremos esperar cambiar las políticas conservadoras y represivas.

diagonalperiodico.net

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