LOS OBISPOS ANDALUCES DICEN QUE EL NUEVO ESTATUTO "PONE EN RIESGO EL DESARROLLO DEMOCRATICO DE LA SOCIEDAD"

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Los obispos de Andalucía afirman que el nuevo texto del Estatuto de Autonomía "atribuye a la administración pública una capacidad para controlar demasiados aspectos de la vida social, con un protagonismo que pone en riesgo el desarrollo democrático de la sociedad".
En una reunión celebrada ayer en Córdoba, los obispos andaluces aseguran en un comunicado que en "el nuevo texto persiste una regulación de los poderes públicos claramente intervencionista" y destacan que, aunque el nuevo estatuto tiene un amplio apoyo parlamentario, "el consenso no es el último criterio para valorar moralmente un cambio legal".

Sostienen que la ordenación de la sociedad es tanto más democrática cuanto más se sirve del principio de subsidiariedad, "excluyendo el intervencionismo de la Administración, sobre todo cuando ésta pretende controlar aspectos de la vida social que resultan del ejercicio de los derechos inalienables de la persona, de la familia y de las instituciones jurídicas que los amparan".

Así, recuerdan que el Papa afirma que "conviene ponerse en guardia frente al riesgo de un ejercicio de la democracia que se transforme en dictadura del relativismo, proponiendo modelos antropológicos incompatibles con la naturaleza y la dignidad del hombre".

En este sentido, si bien consideran positivo que el Estatuto recoge ampliamente y desarrolla los derechos sociales de los ciudadanos, la regulación de los derechos y los deberes que se hace en el Título I "sigue siendo preocupante" y ven "con inquietud cómo están redefinidos algunos de esos derechos, como los que se refieren a la protección íntegra de la vida humana y a la protección de la familia basada en el matrimonio verdadero".

Sobre este aspecto, los obispos indican que "algunos artículos pueden dar protección jurídica a graves ataques a la vida humana, que la ley debe tutelar y amparar desde el momento de su concepción y su fase inicial de desarrollo hasta su fin natural".

El Estatuto hace además "concesiones" a la "ideología de género" vigente, que propone "una pretendida valoración neutra de la sexualidad humana de espaldas a los fundamentos antropológicos de la diferenciación de los sexos y de su complementariedad".

Además, el texto que se somete a consulta "equipara los efectos jurídicos del matrimonio, y de la familia fundada en el matrimonio, a otro tipo de uniones", una equiparación que "inevitablemente acaba por debilitar y desestabilizar el matrimonio y la familia".

Resaltan que el Estatuto incluye en su articulado que la educación pública, definida como laica, "conforme al carácter aconfesional del Estado", "tendrá en cuenta las creencias religiosas de la confesión católica y de las restantes confesiones".

Esta afirmación, no obstante, "no es garantía suficiente que evite dar cobertura a políticas laicistas que no reconocen el valor social y la dimensión pública de la religión como derecho fundamental de la persona".

En su opinión, la tutela efectiva de la libertad de la Iglesia Católica en Andalucía "forma parte de la salvaguarda de la identidad histórica de nuestro pueblo, en el pasado y en el presente", por eso "llama la atención" que en el Preámbulo "no se haga mención alguna a la cultura cristiana de la sociedad andaluza y española".

Por todo ello, "recordamos a los católicos andaluces la obligación moral en conciencia que tienen de tomar en consideración, a la hora de emitir su voto, los criterios morales que les permitan proceder con libertad de conciencia y responsabilidad moral".