LA LEY DE VIVIENDA EN ANDALUCIA ES UNA TAPADERA PARA EDIFICAR MÁS TERRENOS

Fuente; Grupo de Acción Social

El Gobierno andaluz promete garantizar vivienda a la población andaluza a través de la futura Ley del Derecho a la Vivienda, pero ¿Cuántos ayuntamientos cuentan en su planificación urbanística con una reserva de suelo suficiente para que el proyecto de la Junta pueda ser llevado a la práctica?. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobada en diciembre de 2002, establecía que los ayuntamientos deberían reservar, en el plazo ya superado de cuatro años, un 30 por ciento de sus suelos a la construcción de vivienda de protección oficial mediante una reforma de sus planes de ordenación urbanística, no obstante, la realidad es otra. Por ello ahora La Junta incentivará a aquellos ayuntamientos que comiencen a destinar terrenos para la construcción de viviendas de Protección Oficial.

Las cifras manejadas por la Consejería de Obras Públicas a 1 de septiembre sobre la adaptación de los PGOU no son nada halagüeñas: tan sólo el 7,1 por ciento de los municipios andaluces -el 14,41 por ciento de la población- ha adaptado sus PGOU a dicha normativa, lo que viene a abrir una interrogante sobre la puesta en marcha de la Ley del Derecho a la Vivienda de Andalucía dado que los trámites urbanísticos se prologan durante bastante tiempo.

Ahora la Junta corre para adaptar a todos los municipios al proceso legislativo. Y es que, las promesas no pueden sustentarse en el aire, y menos a pocos meses de las elecciones generales. Manuel Chaves declaró que van a buscar fórmulas para que aquellos ayuntamientos que no tengan adaptado su ordenamiento a la LOUA puedan optar a crear bolsas de suelo para vivienda protegida mediante "modificaciones" puntuales. La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, aseguró que ya se han planteado algunos "mecanismos rápidos" que permitan estos cambios y que, una vez acordados, serán sometidos a un "seguimiento" por parte de su departamento, así como por los ayuntamientos.

Esta implementación del proceso constructivo, no palia, el problema actual de la vivienda en Andalucia, ya que el número de casas vacias que obsilan en la atunomía es de 600.000 casas vacias, pero el objetivo es construir más.

Este asunto fue abordado por Gutiérrez en la primera reunión mantenida con el presidente de la FAMP, Francisco Toscano, para trasladarle el contenido de la futura Ley del Derecho a la Vivienda e impulsar el Pacto Andaluz por la Vivienda, considerado un paso previo para su puesta en marcha. Una cita en la que ambos se mostraron convencidos de que este acuerdo y esa norma saldrán adelante y que se contará con la colaboración de los ayuntamientos, para los que Toscano pidió que, de acuerdo con su nivel de cooperación, la Junta les "prime" con la agilización de los equipamientos sanitarios, educativos, culturales y deportivos; propuesta esta última que también contó con el respaldo de la consejera.